Las organizaciones CANAE, CEAPA, CONCAPA, el Consejo General de la Psicología de España (COP), el Sindicato de Estudiantes (SE)y STEs-i suscribimos el manifiesto que se divulga en la web bienestareducativo.org e invitamos a que más entidades y la ciudadanía en general lo suscriban también.

En los últimos años representantes de familias y de alumnado, profesorado, profesionales de la Psicología y más expertos, hemos venido detectando numerosas necesidades y problemáticas que se producen en los contextos educativos, que requieren de una atención especial para mejorar el bienestar de toda la comunidad educativa: abandono y fracaso escolar, como consecuencia, en la mayoría de los casos, de problemas psicológicos no abordados en el momento oportuno; trastornos emocionales, acoso escolar, ciberbullying, prevención de violencia de género, violencia filioparental, autolesiones, prevención del suicidio, adicciones a nuevas tecnologías, prevención de consumo de drogas, burnout del profesorado…

Como vienen constatando diversos estudios e informes, la crisis provocada por la COVID-19 ha incrementado de manera preocupante este tipo de necesidades y problemáticas. El CIS, en su encuesta sobre salud mental durante la pandemia, constata que el 52,2% de los hijos convivientes y el 20,6% de los nietos convivientes habían cambiado la marea de comportarse, y de estos menores, afirman que el 76,4% se muestran más irritables, el 44,8% se muestran tristes con facilidad, el 36,1% lloran fácilmente, el 60% se muestran más nerviosos o con ansiedad y el 26,4% se quejan de malestar físico y/o dolores poco precisos (cabeza, tripa, cansancio, vómitos). Otra prueba de la preocupante situación es que la Fundación ANAR, en las peticiones de ayuda que atiende respecto a menores, ha constatado en 2021 un aumento significativo de los trastornos de alimentación (+154,7%), el duelo (+138,9%), las adicciones (+41%), los síntomas depresivos y tristeza (+31,5%), la baja autoestima (+27,9%) y la ansiedad (+25,6%).

Ante esta situación, los poderes públicos están dando respuestas muy insuficientes para aportar soluciones, por lo que varias organizaciones hemos decidido unirnos y hacer un llamamiento para que toda la sociedad reclamemos que ¡por fin! pasen de los discursos a los hechos, adoptando medidas realmente eficaces.

Si de verdad se quiere cuidar el bienestar de la comunidad educativa y su salud mental, las Administraciones públicas competentes deben adoptar medidas dirigidas a favorecer unas condiciones más saludables en los centros educativos, entre las que destacamos:

1. No saturar los centros educativos con excesos de grupos de alumnado, respetando el número de líneas (grupos por curso) para el que está diseñado cada centro educativo.
2. Cubrir eficaz y rápidamente las bajas laborales de los docentes.
3. Reducir las ratios de alumnado por docente, incrementando el número de profesorado contratado.
4. Reducir la temporalidad del personal, de tal manera que se garantice la estabilidad laboral y la consolidación de equipos docentes en los centros educativos.
5. Reforzar la orientación educativa y profesional al alumnado vulnerable.
6. Dimensionar proporcionalmente los contenidos de los programas de las asignaturas a las posibilidades temporales de impartición y aprendizaje del alumnado, de tal manera que se evite programar más contenidos de los que realmente se pueden asimilar.

El cuidado del bienestar del profesorado, alumnado y sus familias requiere además reforzar las acciones dirigidas a tal fin en los centros educativos, contando con personal específicamente cualificado para esta misión, por lo que también reclamamos que:

1. Las Administraciones educativas apoyen de manera decidida el desarrollo del Estudio PsiCE (Psicología en Contextos Educativos), dirigido a prevenir los problemas emocionales en contextos educativos a la vez que se mejora el ajuste emocional y social, así como los procesos de aprendizaje del alumnado.
2. Se desarrollen en los centros educativos programas de evaluación e intervención basados en la evidencia, como el que se va a aplicar en el Estudio PsiCE, dirigidos a mejorar el bienestar de la comunidad educativa.
3. Estas acciones de evaluación e intervención sobre problemas psicológicos tienen que estar planificadas y dirigidas por personal experto en Psicología Educativa. La incorporación de este profesional a los centros educativos puede regularse de diversas maneras, con la finalidad de mejorar el bienestar de la comunidad educativa, la educación emocional y la atención a la diversidad.
4. Las Administraciones educativas competentes deben incorporar progresivamente a este personal experto en Psicología a las plantillas de los centros educativos, donde sus Programaciones deben reservar tiempos y espacios adecuados para el desarrollo de esos programas de evaluación e intervención, dirigidos a mejorar las competencias emocionales y el bienestar del profesorado, alumnado y familias.

Con este manifiesto por el #BienestarComunidadEducativa las organizaciones firmantes iniciamos un proceso de divulgación y actuaciones conjuntas dirigidas a que los poderes públicos adopten las medidas que reivindicamos.