CEAPA celebra las declaraciones realizadas por parte de posibles futuros gobernantes de algunas comunidades autónomas en las que está previsto un cambio en sus respectivos gobiernos autonómicos, anunciando actuaciones dirigidas a paralizar la implantación de la LOMCE en algunos territorios o a minimizar los efectos de su aplicación en otros.

CEAPA recuerda que en julio de 2013, todos los partidos de la oposición, excepto UPyD y Foro de Asturias, firmaron un compromiso de derogación de la LOMCE cuando el partido del Gobierno central perdiera la mayoría absoluta, ya que esta ley únicamente fue votada por el partido del Gobierno y en su elaboración no hubo participación de otros partidos políticos ni de la comunidad educativa.

Los cambios en las configuraciones de los gobiernos autonómicos y municipales surgidos tras las elecciones municipales y autonómicas celebradas el pasado 24 de mayo han generado una expectativa social sobre las medidas que pueden adoptarse para frenar la implantación de la LOMCE en base a las competencias que en materia educativa tienen las Comunidades Autónomas.
Para CEAPA es inaceptable que algunos editores den instrucciones a las comunidades autónomas sobre sus competencias en educación llegando a recordarles que «lo único que compete» a las comunidades es desarrollar y completar la normativa básica estatal de obligado cumplimiento y aplicación «dentro de la regulación y límites establecidos por el Gobierno». Resulta inadmisible una injerencia de este calibre por parte de un sector que únicamente persigue intereses económicos lo que demuestra que son los únicos que salen beneficiados por la imposición de la LOMCE.

La amenaza hecha pública por estos editores que pretenden denunciar a aquéllas administraciones que limiten sus expectativas de negocio evidencia el despropósito derivado del cambio de libros que se vive curso tras curso en nuestro sistema educativo descatalogando materiales perfectamente válidos mediante el cambio de temas a páginas distintas, lo que acarrea el cambio del ISBN y su teórica imposibilidad legal de reutilización en cursos posteriores.

Llama la atención que los editores pretendan utilizar a la Alta Inspección Educativa para la defienda sus intereses, cuando este órgano debe velar por la gratuidad de la enseñanza.

Las editoriales tienen previsto unos beneficios derivados de la implantación de la LOMCE basados en unas expectativas de negocio propias de la óptica empresarial, pero hay que recordar no existe normativa alguna que obligue al uso de libros de texto ni a su cambio por parte de la Administración ni de los docentes ni por supuesto de las familias que son las que realizan el desembolso para la adquisición de unos materiales totalmente innecesarios ya que los que se utilizan en cursos anteriores son perfectamente válidos.

Esta situación está ocasionando graves perjuicios a los bancos de libros gestionados por las AMPAS que han sido creados sin expectativas de negocio y dentro de la lucha por el derecho a recibir una educación gratuita reconocida en nuestra Constitución pero continuamente ignorada por parte de las diferentes administraciones públicas.
Los responsables políticos tienen la obligación de velar por los intereses de la ciudadanía tanto en materia económica como en la cobertura de derechos y no pueden permitir que los editores den instrucciones a las comunidades autónomas sobre sus competencias en educación acusándoles de generar incertidumbre e inseguridad jurídica, a la vez que se autoproclaman parte del sistema educativo equiparándose a las familias alumnado e incluso la Inspección.

CEAPA exige a los nuevos gobiernos que anuncian la paralización de la LOMCE en sus territorios que dicten instrucciones a los centros para que reutilicen los libros y materiales que se están utilizando en el curso que acaba de finalizar para evitar que las familias realicen un gasto innecesario, injustificado e inmoral y no cedan a las presiones de negocio de determinados grupos que pretenden que sus pérdidas sean resarcidas con dinero público.

CEAPA recuerda que los poderes públicos son los responsables de garantizar una educación gratuita tal como recoge la Constitución, y exige a las administraciones que respeten los bancos de libros, fruto del esfuerzo y solidaridad de las familias de los centros públicos y no descarta realizar las actuaciones oportunas para pedir el resarcimiento económico a quien corresponda en caso de que se obligue a la compra de libros de texto en etapa obligatoria y por lo tanto gratuita.

Madrid, 24 de junio de 2015