Miembros de CEAPA, con la presidenta, Leticia Cardenal y Miguel Dueñas al frente, se reunieron el pasado martes, 20 de noviembre, por la mañana, en el Ministerio de Educación, con la ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá, y con el Secretario de Estado, Alejandro Tiana, con motivo de presentarles las reivindicaciones ante la propuesta para la modificación de la Ley Orgánica de Educación.

En la reunión ambas partes demostraron estar de acuerdo en la gran mayoría de los puntos que propuestos y, desde la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres del Alumnado, agradecieron el interés del Gobierno por una futura reforma de la Ley de Educación eliminando los puntos más lesivos que la LOMCE introdujo en el sistema educativo como eran: la segregación por sexos, la “demanda social” que permitió relegar a la escuela pública, las reválidas, el itinerario temprano de la ESO que abocaba al fracaso escolar de una parte del alumnado, la enseñanza evaluable de la asignatura de religión y su validez para la nota media de bachillerato, o la pérdida de competencias de los consejos escolares; medidas que se tomaron con una ley impuesta con el desacuerdo de toda la comunidad educativa.

Ahora es el momento de revertir esta imposición por lo que, desde CEAPA, apelamos a todos aquellos partidos políticos que en su día se comprometieron a derogar la LOMCE que apoyen esta modificación de la ley, que debe ser un punto de partida para un pacto por la educación.

Para ello, se han de crear espacios de negociación y debate donde la comunidad educativa, al completo, pueda participar para llegar a consensuar una nueva ley educativa que cuente con el respaldo de la sociedad.

En la reunión mantenida CEAPA entregó un documento con sus propuestas, y estas aportaciones culminarán con las enmiendas que presentarán en el próximo consejo escolar.

En ese documento solicitamos al Gobierno que haga una apuesta firme y real en defensa de la Educación Pública, como garante de la igualdad de oportunidades y la cohesión social. Apostamos por la desaparición de la concertación de una manera progresiva hasta llegar a un sistema universal, de calidad, gratuito y totalmente público.

Las administraciones tienen que garantizar todos los servicios tanto de transporte, comedor, extraescolares, aula matinal, etc., para todo el alumnado.

La Escuela Pública debe garantizar la gratuidad y el acceso a todo el alumnado, tal y como marca nuestra constitución en su artículo 27. No podemos tolerar que curso tras curso las familias tengan que desembolsar esas cantidades abusivas de dinero para pagar libros de texto, material, fotocopias, actividades complementarias, etc.

También es necesario que, mientras no se consiga la gratuidad total, se modifique el actual sistema de becas de tal forma que sea garante y compensador de desigualdades.

Necesitamos un sistema educativo inclusivo que garantice no sólo el acceso a la escuela, sino su permanencia en ella; que el sistema educativo se adapte al alumnado y no al contrario garantizando la inclusión real y la equidad, dotando a todos los centros educativos de los recursos tanto humanos como materiales necesarios para poder realizarlo.

El alumnado debe sentirse realmente integrante de la escuela, con independencia de cuáles sean sus circunstancias personales o sociales, ya sean temporales o permanentes, sus capacidades físicas e intelectuales, nivel de ingresos, origen étnico, creencias, identidad de género u orientación sexual. Se trata de entender y asumir la DIVERSIDAD Y LA DIFERENCIA como un valor añadido para todos y todas, enriquecernos de ella.