El martes pasado asistimos a la votación de una Proposición de Ley para ponerle una de las puntillas finales a la LOMCE. Poco importa en este momento qué partido la presentó, porque ni es la primera iniciativa parlamentaria en ese sentido ni será la última, pero sí lo que ocurrió con una votación democrática y con lo que después ha dicho y acordado el Gobierno del Señor Rajoy.

Dicha Proposición de Ley fue aprobada con los votos a favor de una amplia mayoría de los diputados y diputadas que tienen escaño en el Congreso de los Diputados. Pudimos escuchar las razones de unas y otros, como también escuchamos al Ministro de Educación, en un gesto inteligente, medido mediáticamente, al tomar la palabra para intentar contrarrestar los titulares de los medios de comunicación, algo que logró en gran medida.

Hasta aquí todo bien. La LOMCE sigue el único camino que merece, su desaparición, y quienes sustentan a los que nos siguen gobernando en la actualidad, que son los responsables de dicha nefasta ley y de cinco años de destrozo en la educación y en muchos otros ámbitos, se debatieron entre unas «lágrimas de cocodrilo» con las que nos decían al resto de la sociedad «hemos entendido el mensaje» y un discurso de «pero lo que hemos hecho se queda». Bien, que se quede o no, ya no depende de ellos sino de la oposición, si es que se pone de acuerdo de una vez para que ello sea posible.

Pero llegó el Consejo de Ministros de este viernes y en su reunión acordaron lo que luego nos transmitió su portavoz, a la vez que Ministro de Educación, que consiste en no aceptar la Democracia, pero usarla para intentar que el Congreso de los Diputados quede reducido a mero espectador pasivo, con actos teatrales semanales pero sin importancia, como si estuviéramos todavía ante la misma mayoría absoluta de antes y su rodillo parlamentario y social.

Plantear que, cuando al Gobierno no le guste lo que se apruebe en el Congreso de los Diputados, se tienen que anular los acuerdos y que, si ello no sucede, los tribunales deben obligar a ello, puede que sea legal aunque apostamos a que no, pero desde luego ni es democrático ni es éticamente aceptable.

Supongamos por un momento que ahora la Mesa del Congreso decidiera que sí, que el acuerdo se anula y la Proposición de Ley no se tramita, o que si la Mesa no cede, que no debe hacerlo, el Tribunal Constitucional obligara a su eliminación. ¿Qué significaría esto? Pues ni más ni menos que el Gobierno tiene el poder de condicionar al Congreso y decidir de qué puede o no hablar el mismo, porque de eso se trata, que no pueda ni debatir. Es decir, que el poder parlamentario estaría herido de muerte. Y esto ¿qué significado tendría?

Pensemos por un momento quién elige a quién. Los ciudadanos y las ciudadanas, que somos en teoría los que tenemos la soberanía porque según nuestro texto constitucional es así, hemos votado en las elecciones, varias veces eso sí por la incompetencia de aquellos a los que votamos, y hemos elegido unos representantes que, nos gusten o no, son nuestra voz en el Congreso. Luego, estos han elegido, no entramos ahora en cómo ni si respondiendo o no al sentir mayoritario de la ciudadanía, un Gobierno al que le han otorgado «su confianza».

Pues bien, el intento del Gobierno de acallar al Congreso es lo mismo que intentar, de nuevo, acallar a la ciudadanía, es decir, de mandarnos callar a nosotros y nosotras. Y que le diga al Congreso que se calle es, también, decirle a los que le otorgaron su confianza que, una vez hecho eso, ya se pueden ir a casa durante los próximos cuatro años, salvo que quieran hacer el teatrillo de «que malo eres, te lo digo, ya sé que te da igual y que no cambiarás de actitud, pero mis votantes me oyen decírtelo».

Y entonces, si esto es así, a CEAPA sólo le queda preguntarle al Gobierno dos cosas: ¿qué parte no han entendido de «vivimos en una Democracia»?, y cuando hablan de pacto educativo, ¿quieren que nos lo tomemos a broma o es en serio que nos llaman estúpidos?

Madrid, 21 de noviembre de 2016

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