Justicia Alimentaria y CEAPA han presentado sus aportes a la consulta pública previa sobre el Proyecto de Real Decreto para el fomento de una alimentación saludable y sostenible en centros educativos organizada por la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición. Ambas organizaciones consideran que el proyecto no pasa de ser una declaración de buenas intenciones, sin objetivos concretos y sin aportar las herramientas imprescindibles para que en los centros educativos se haga realmente efectivo el derecho a una alimentación saludable, adecuada y accesible. Además, es imprescindible aumentar el presupuesto destinado a la compra alimentaria de los comedores escolares, porque el precio de los alimentos se ha encarecido de manera notable los últimos años, pero el presupuesto destinado a esta compra no, lo cual, por fuerza, afecta a la calidad del menú. Es decir, se compran productos más baratos y se consumen más productos de lejanía y, a menudo, menos saludables.

En el caso de los alimentos de temporada, por ejemplo, se debería crear un calendario por cada comunidad autónoma para que cada centro pudiera seguirlo. Y, así, con el resto de los conceptos, como el de proximidad, en el que se deberían concretar los kilómetros que se pueden abarcar para cada producto.

Defendemos un servicio de comedor público, de calidad y gratuito para todas las personas que lo necesiten. Los comedores escolares son esenciales como parte de la educación, para la conciliación, para adquirir hábitos saludables y para proporcionar una alimentación sana y de calidad, y atender al alumnado de todas las familias, en especial las vulnerables.

Resulta de vital importancia poner en marcha campañas de sensibilización a las familias sobre la importancia de una alimentación saludable y sostenible en edad escolar, con especial hincapié en la adolescencia, sector de la población que dispone ya de recursos para un consumo responsable.

La situación actual requiere apoyo urgente por parte del Estado y las CCAA, por lo que pedimos que se tomen medidas para la mejora de los comedores escolares, en los que muchos menores comen durante cerca de diez meses al año, la duración del curso escolar.

Ambas organizaciones lamentan que en el nuevo proyecto se habla de conceptos como alimentación de temporada o de proximidad sin definir lo que son, lo cual genera confusión y margen de interpretación de lo que significan e implican cumplir.

Por su parte, las familias reclaman que se mantenga la cocina in situ en los centros donde funcione, recuperar las cocinas en desuso y que los centros educativos públicos de nueva creación tengan cocina y comedor. La comida del mediodía en el centro educativo es la principal y la única que puede garantizar un consumo de nutrientes adecuado para millones de menores de familias con pocos recursos.

Por otro lado, el proyecto indica que «al menos el 5% del total de alimentos ofertados serán de producción ecológica. Tras estudios posteriores, dicho porcentaje podrá ser incrementado en esta norma, a medida que se eleve el número de hectáreas dedicadas a la producción ecológica y el número de operadores ecológicos en España». Justicia Alimentaria considera que este porcentaje está muy lejos de los objetivos de la estrategia europea «De la granja a la mesa» —que se sitúa en torno al 25 %—, por lo que el nuevo escrito debería ir acorde con estos objetivos, ya que España está obligada a cumplir este compromiso europeo. Además, España no existen problemas de producción ecológica, ya que es el primer país en superficie y producción de la Unión Europea. Por eso no tiene sentido vincular el incremento de alimentos de producción ecológica en los menús escolares al incremento de hectáreas dedicadas a este tipo de producción o al número de operadores. Actualmente, la oferta existente puede cubrir un porcentaje superior, como ya ocurre en otros países europeos como, por ejemplo, Francia e Italia.

También ponen de manifiesto que, en otros puntos del documento, se utiliza de manera reiterada el verbo priorizar, que no implica ningún compromiso ni obligación para que la medida propuesta se cumpla. Se debería concretar y definir el criterio si realmente se busca que se cumpla, cómo en el caso que propone: «Se priorizará la compra de alimentos en cuya producción se hayan respetado las normas de producción integrada y de bienestar animal y la de los productos alimenticios marinos y de la acuicultura más respetuosos con el medioambiente».

Mención especial requieren los pliegos de prescripciones técnicas que garanticen que el servicio de comedor y demás contratos para proveer alimentos en los centros educativos incorporan criterios de salud, sociales y medioambientales.

Para mejorar el mecanismo de control sobre el funcionamiento del servicio, habría que introducir mejoras en tres aspectos fundamentales: la transparencia, la accesibilidad a las actas de incumplimiento y la valoración del alumnado usuario del servicio.

Tampoco se recoge la demanda de incorporar a nivel curricular la educación alimentaria saludable, factor determinante para generar una sociedad informada y crítica sobre los impactos de la alimentación insana.

Es fundamental también una legislación que ampare, proteja y garantice el derecho de la adolescencia (en Institutos de Educación Secundaria o Formación Profesional) a continuar con la alimentación que disfrutaron en Infantil y Primaria. No entendemos que se haya excluido la etapa 0-3 tan importante de la vida.

Plásticos y desperdicio alimentario

En lo referente a la reducción del desperdicio alimentario y del consumo de plásticos, el nuevo texto tampoco marca unos objetivos concretos ni establece ningún compromiso ni obligación. No obstante, existe una normativa y un plan estatal que regula el desperdicio de alimentos, y el criterio debería ser coherente con esta normativa para que fuera clara y estuviera bien definida.

Lo que sí define el proyecto son las cantidades que deben contener las monodosis de sal, azúcar, aceite, vinagre y otras salsas. Sin embargo, Justicia Alimentaria considera que no se deberían regular las cantidades máximas de monodosis, sino que se debería apostar por la reducción o la eliminación de su uso en coherencia con la estrategia de reducción de plásticos de un solo uso y la reducción de la contaminación y de emisiones de CO₂.

Máquinas expendedoras

Tal y como sugiere el proyecto del nuevo decreto, se plantea la posibilidad de que existan máquinas expendedoras, siempre y cuando no se encuentren situadas en los pasillos principales. No obstante, el planteamiento debería ser la prohibición de la venta de cualquier alimento que no sea saludable y sostenible en máquinas expendedoras. En este caso, la organización opina que el punto de partida es erróneo y que en los centros educativos no debería haber máquinas expendedoras de alimentos y, en caso de que así fuera, solamente se puedan expender productos frescos y no procesados.

A su vez, no debería existir la posibilidad de venta de bebidas de ningún tipo, tampoco de agua, y que en su lugar hubiera fuentes de agua potable. De esta forma, no solo se fomentaría una alimentación sana y saludable, sino que se podría reducir el número de envases plásticos.

La programación de los menús

La frecuencia de consumo recomendada para los diferentes grupos de alimentos es la misma que las recogidas en el Documento de consenso sobre la alimentación en los centros educativos de 2010. Sin embargo, la evidencia científica (a nivel de salud y climática) ha demostrado que hay que reducir el número de raciones de platos con proteína animal e incrementar el consumo de frutas, verduras y legumbres.

En la misma línea, las frecuencias propuestas en el artículo 8 generan una contradicción con el Informe sobre recomendaciones dietéticas sostenibles y recomendaciones de actividad física para la población española, realizado por el propio Ministerio de Consumo, en donde solamente las recomendaciones de carne y pescado en la alimentación escolar es el total del consumo de estos productos en toda la semana, lo cual imposibilita comerlos en las cenas o durante el fin de semana. Se recomienda tomar como referencia las frecuencias recogidas en la guía La alimentación saludable en la etapa escolar, publicada por la Agència de Salut Pública de Catalunya.