La semana pasada ha comenzado la evaluación final de primaria en varias CCAA y en algunas, más del 80% de las familias han hecho uso de su derecho a no permitir que sus hijos e hijas fueran sometidos a la misma. En numerosas ocasiones hemos expuesto nuestro rechazo frontal a estas reválidas que pueden lesionar gravemente el futuro del menor ante la posibilidad de incorporar a su expediente connotaciones negativas que pueden llevarle incluso a repetir curso o a condicionar su futuro en secundaria donde se le puede derivar hacia la FP Básica con un intento de especialización temprana y en precario que limitará su futuro formativo y laboral.

Ante esta situación, miles de familias han decidido que sus hijos o hijas no realicen estas reválidas innecesarias ya que el alumnado es evaluado mediante evaluación continua por su profesorado y ya cuentan con unas calificaciones que son las que se necesitan para pasar a educación secundaria. Esta decisión no ha sido respetada en algunos centros donde han realizado los exámenes al alumnado el primer día de asistencia a clase a pesar de la oposición de sus familias quienes lo habían comunicado de forma verbal o escrita ante la dirección educativa.

En algunos casos se ha presionado mediante amenazas de denuncia por absentismo e incluso la denuncia a fiscalía de menores, suponiendo ambas medidas un intento falso para condicionar a las familias quienes sabemos perfectamente que los derechos del menor están por encima de cualquier otra consideración y nuestra decisión está guiada en el sentido de proteger ese derecho de nuestros hijos e hijas sobre los que tenemos la patria potestad.

CEAPA denuncia que se ha ninguneado a las familias a pesar de haber comunicado una decisión a la que tienen derecho y al alumnado al que se le ha obligado a realizar las pruebas a pesar de la decisión de las familias o se le ha preguntado y al estar en inferioridad de condiciones ante el docente, no ha podido manifestar su opinión libremente.

Las reacciones del sistema educativo ante la decisión anunciada es la coacción y la amenaza y este es un dato que evidencia la necesidad de analizar las prácticas abusivas que se llevan a cabo hacia el alumnado y sus familias en muchos centros educativos.

CEAPA exige a las CCAA que aún no han realizado las reválidas que se respeten las decisiones de las familias, quienes deben velar por los intereses de sus hijos e hijas y tienen derecho y libertad absoluta para decidir que no realicen un acto que les puede perjudicar para el resto de su vida.

CEAPA exige a las CCAA donde se ha condicionado y no se ha respetado la decisión familiar, invalide los exámenes del alumnado cuyas familias habían comunicado su decisión de que sus hijos o hijas no realizaran la reválida.

Madrid, 20 de mayo de 2016