Las cantidades que se piden a las familias, que éstas se ven obligadas a dar, suponen en cada centro unos ingresos extraordinarios que, además de ser cuando menos irregulares, vulneran el mandato de gratuidad de la enseñanza en las etapas obligatorias y también la obligación que tienen las Administraciones Públicas de dotar de los recursos económicos y humanos que necesiten los centros educativos según la legislación vigente.